Ha pasado más de una década y Argentina aún sigue pagando las consecuencias del desastroso corralito de 2001. <br /> <br />El pasado 30 de julio, el país entró en default por segunda vez en trece años después de que concluyeran sin acuerdo las negociaciones con los acreedores conocidos como ‘fondos buitre’. <br /> <br />Estos fondos reclaman el pago de 1.300 millones de dólares más intereses, correspondientes a los bonos de deuda argentina que poseen. <br /> <br />Estos bonos no estaban incluidos en las reestructuraciones de la deuda de 2005 y 2010. <br /> <br />Buenos Aires tenía hasta la madrugada para hacer efectivo un pago de un bono en vencimiento que ascendía a 500 millones de dólares, y no lo hizo. <br /> <br />Esto significa que el Estado ha entrado en default o suspensión de pagos, es decir, que no puede hacer frente a los pagos que debe. <br /> <br />Los acreedores del Estado argentino se dividen en dos grupos: los que aceptaron las quitas de 2005 y 2010, que reducían la deuda hasta en un 65%, y los que reclaman íntegra la cantidad que se les debe. <br /> <br />En este último grupo están los llamados fondos buitre, que reclaman al país más de 1.300 millones de dólares. <br /> <br />Buenos Aires tenía hasta el 30 de julio para abonar más de 500 millones de dólares a los acreedores que sí aceptaron la quita. <br /> <br />Aunque el Gobierno argentino intentó hacer efectivo el pago, la justicia estadounidense bloqueó la transferencia. <br /> <br />El juez Thomas Griesa sentenció que nadie cobraría hasta que lo hicieran los fondos buitre. <br /> <br />Argentina apuró hasta el último minuto para llegar a un acuerdo con estos fondos especulativos, pero fue en vano. <br /> <br />Finalmente expiró el plazo y las agencias de calificación crediticia declararon que el país sudamericano había entrado en ‘default’ o suspensión de pagos. <br /> <br />Sin embargo, el Gobierno argentino defiende la solvencia del país y está dispuesto a continuar el pulso: el pasado 7 de agosto, demandó a Estados Unidos ante el Tribunal de La Haya por considerar que las decisiones de la justicia norteamericana han violado su soberanía.
