El representante de indígenas guatemaltecos, Juan de Dios García, denunció que el gobierno de su país impuso la construcción de una represa violando los derechos humanos de pueblos enteros, e incluso ejecutando a opositores, con la anuencia de las instituciones internacionales que lo financiaron, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Los más de 11 mil sobrevivientes viven abandonados por el Estado en condiciones de pobreza extrema. teleSUR
