Las organizaciones sociales y civiles de varias regiones del sur de Perú están en pie de guerra contra el proyecto minero Tía María, motivo de las protestas en la provincia sureña de Islay. <br /> <br />Por el momento ya han conseguido que la operadora Southern Cooper anunciara una “pausa” de 60 días en la ejecución del polémico proyecto, a pesar de que previamente el presidente Ollanta Humala había dicho hubiera descartado suspensión alguna por parte de su Gobierno. <br /> <br />Los ciudadanos de la provincia de Islay comenzaron el pasado 23 de marzo una huelga indefinida y por el momento al menos tres personas han muerto en enfrentamientos con la policía. Además han acordado paralizar las labores en todo el sur del país los próximos 27 y 28 de mayo. <br /> <br />Luis Esteban G. Manrique, analista internacional y periodista de Infolatam, hace un análisis personal y recuerda que “yo soy de aquella zona y la vida ha cambiado mucho. La contaminación industrial ha cambiado el entorno, al igual que las empresas de extracción minera.” <br /> <br />Luis Fernando García, analista político, es tajante y defiende al Gobierno “el que haya heridos y muertos es inadmisible. Pero la idea es mantener el estado de derecho en todo el país. Hay unas normas y unas reglas que cumplir.” <br /> <br />Andrés Robles, miembro de la Asociación Tierra y Libertad, considera que “habría que cuestionar los métodos de inversión del Perú, son métodos donde no se escucha a la población y se hace lo que quiere la empresa sin tener en cuenta a los ciudadanos.” <br /> <br />Walter Herrera, activista social peruano, recuerda que “el Gobierno empezó una ley minera, pero que se ha quedado a mitad, eso es algo que hay que terminar para que haya soluciones para todas las partes.”
