Mientras los estudiantes chilenos salen a las calles por decenas y centenares de miles en demanda de educación pública, gratuita y de calidad, el Gobierno, los parlamentarios y la Policía los acusan de ser responsables de actos de violencia protagonizados por grupos de encapuchados no identificados con ninguna fuerza social o política del movimiento estudiantil. <br /> <br />En las últimas semanas, los encapuchados han generado impactos espectaculares, como la destrucción de una figura de Jesús, extraída de una iglesia; un incendio que provocó la muerte de un anciano guardia, y la destrucción de infraestructura durante la toma de uno de los liceos más antiguos y prestigiosos del país, que fue acompañado de amplia cobertura mediática y un mensaje homogéneo de parte de todos los sectores de poder, que buscan la prohibición de las manifestaciones sociales. <br /> <br />El Gobierno y la Policía demandan que los propios estudiantes se encarguen de aislar y reprimir a los encapuchados, lo que podría llevar a batallas campales entre jóvenes, que no tienen conocimientos ni atribuciones para ejercer funciones policiales. También llaman a los padres a impedir que sus hijos participen en el movimiento estudiantil. <br /> <br />Es conocida la presencia de infiltrados provocadores entre los estudiantes. Policías de civil han sido sorprendidos en numerosas oportunidades incitando a la violencia. También se ha constatado que la Policía deja actuar a los encapuchados, que nunca están en el medio de las marchas (son generalmente rechazados por los estudiantes), y solo interviene cuando ya hay una situación grave. <br /> <br />Indefectiblemente, la intervención policial no va contra los encapuchados, sino contra el grueso de los manifestantes. Situaciones muy parecidas se han observado en muchos lugares, como Quebec (Canadá), Grecia y Francia, donde las manifestaciones de trabajadores contra los planes laborales del Gobierno han sido duramente reprimidas.
