Recientemente se conoció una iniciativa que pretende que se restituya la pena de muerte en Guatemala, el movimiento ‘Hoy por Guatemala’ junto a la hija del ex dictador José Efraín Ríos Mont acudieron al Congreso de la República. <br /> <br />Acudieron al Congreso a buscar el apoyo de diferentes bancadas para lograr el objetivo de aplicar la pena de muerte a quien cometa secuestro y extorsión, la bancada oficial respaldó la petición y el presidente se unió a esta. <br /> <br />"Guatemala está en un momento difícil y no vamos a dejar que nos sigan poniendo de rodillas cualquier persona que trabaje al margen de la ley". <br /> <br />"¿Qué dice el artículo 183 de la Constitución? Que el presidente debe cumplir la ley y velar porque se cumpla. El -artículo- 18 habla de esa pena, si el Congreso la establece ¿Qué tiene que hacer el Ejecutivo? Velar por que se cumpla", expresó el gobernante. <br /> <br />La última vez que se ejecutó a una persona fue hace 16 años por medio de la inyección letal, dos años antes fueron fusiladas dos personas más, actos que van en contra del derecho a la vida aseguran expertos en temas de derechos humanos, mientras la población civil expresa su aceptación por que se castigue con la pena de muerte a los delincuentes que comentan ciertos delitos. <br /> <br />En Guatemala se cometen alrededor de 16 asesinatos diarios y según quien impulsa la iniciativa imponer la pena de muerte y ejecutarla funcionaría como disuasivo para que los delincuentes se abstengan de delinquir, un juicio fuera de realidad porque no pasó cuando se encontraba vigente subrayan analistas. <br /> <br />En el 2000 el expresidente Alfonso Portillo, que llevaba en el poder poco más de 6 meses, renunció a su potestad de conceder el indulto a los condenados a muerte y fue hasta el 12 de febrero de 2008 cuando el Congreso votó por la aprobación de una nueva ley que volvió a facultar al presidente en curso para decidir sobre los indultos. <br /> <br />Amnistía Internacional emitió un comunicado que instaba al presidente Álvaro Colom (2008-2012) a dar marcha atrás. El gobernante decidió vetarla, al considerar que esta forma de castigo entraba en contradicción con el derecho a la vida del reo, la retroactividad de la ley y los compromisos internacionales firmados por Guatemala como miembro de la Convención Americana de Derechos Humanos, posición que ha mantenido hasta hoy.
