El paramilitarismo en Colombia, si bien al inicio tuvo un matiz antisubversivo, fue y es un fenómeno ligado a intereses económicos y de poder, que permeó la institucionalidad. <br /> <br />La impunidad ha sido una marca distintiva. La Ley de Justicia y Paz fue un diálogo del estado consigo mismo, toda vez que el paramilitarismo no fue otra cosa que una estrategia de defensa, seguridad, control social y político, diseñada desde los más altos estamentos del Estado. <br /> <br />Fue una estructura jurídica destinada, de una parte, a legalizar la impunidad de crímenes internacionales cometidos en Colombia, y, por otra, para otorgar beneficios de toda índole a los responsables de los mismos. Las investigaciones, procesos y condenas de la justicia apenas si han tocado a los autores materiales de asesinatos, masacres, desplazamientos y demás crímenes masivos y sistemáticos contra la sociedad. <br /> <br />Sobre todo, contra las comunidades rurales, que se interponían en los planes de las élites políticas y de poderosos grupos económicos. Aunque la llamada parapolítica fue un escándalo en los medios, en la práctica es otro ámbito de impunidad. <br /> <br />En las anteriores elecciones, 26 congresistas investigados fueron reelectos. Muchos de los condenados por ‘parapolítica’ se mantienen vivos políticamente y continúan compitiendo en las elecciones. Pero es en los vínculos entre poder económico y paramilitarismo donde el silencio es absoluto y se oculta que el paramilitarismo también surgió como un mecanismo de defensa de grupos económicos. <br /> <br />La tendencia es la omisión y negativa de los operadores jurídicos para investigar a fondo el fenómeno. Ante la eventualidad de que salgan a la luz ciertas verdades, estos poderosos empresarios del crimen, que fueron victimarios y pescaron fortunas en el río revuelto del conflicto, ponen en marcha la maquinaria mediática y de presión para venderse como víctimas de la guerra, víctimas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
