La pobreza energética, como se denomina a la imposibilidad de asumir los gastos que suponen servicios esenciales como la luz o el gas, afecta a la ciudadanía en España. <br /> <br />El Gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular (PP), argumenta que sólo tiene una herramienta para luchar contra este drama, que con la llegada de las bajas temperaturas ha empezado a hacerse más agudo: el bono social. <br /> <br />Se trata de un instrumento que sólo se aplica a la luz y no a otros servicios como el gas o el agua, y que además no se concede por criterios de renta. Consiste en descuentos del 25 % para determinados colectivos como los pensionistas con prestaciones mínimas, familias numerosas, hogares con todos sus miembros en paro y clientes con hasta tres kilovatios de potencia en su primera residencia. <br /> <br />La lucha frontal para enfrentar este drama se ha convertido en la principal demostración de indignación de la Alianza Contra la Pobreza Energética (APE) y de algunos partidos políticos como Podemos. La formación que lidera Pablo Iglesias recogió en su llamada Ley 25 la propuesta de garantizar el suministro energético a familias y colectivos vulnerables, que decayó apenas comenzó su trámite parlamentario junto con la breve undécima legislatura posterior al 20D. <br /> <br />Según el periodista Manuel Llamas, “el encarecimiento de la factura se debe a motivos políticos”. <br /> <br />Por su parte, Fernando González, historiador y analista político, dice que “el Estado ha cargado de impuestos la factura de la luz. La base del problema es que la factura de la energía es cara y hay que hacer lo posible para bajarla. Hay que hacer lo contrario que hasta ahora”. <br /> <br />Emilio Delgado, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y vocal en la Comisión de Políticas Sociales de ese parlamento regional, ha manifestado que “el Estado siempre beneficia a las eléctricas. El Gobierno tumbó 11 propuestas en el Congreso para luchar contra la pobreza energética”. <br /> <br />Por último, Joanen Cunyat, periodista y miembro de la Coordinadora Estatal de Recortes Cero, asegura que “las eléctricas son un freno para el desarrollo del país y para las condiciones de vida de la población, hace falta una ley antimonopolio”.
