Las principales medidas de la política antiinmigración de Trump son: cerrar a cal y canto la frontera con Méjico, reforzar su vigilancia con 5000 guarda-fronteras más y asfixiar las llamadas ciudades santuario, que toleran a los extranjeros indocumentados. <br /><br /> Un calificativo que se remonta a 1980<br />cuando las iglesias comenzaron a acoger refugiados, que no lograban obtener asilo y huían de las guerras y conflictos armados en Centroamérica.<br /><br /> A Denise Simmons, la alcaldesa de Cambridge, Massachussetts, las órdenes ejecutivas firmadas por Trump no le han pillado por sorpresa: “nosotros reiteramos en noviembre que seguiríamos siendo una “ciudad santuario”, un puerto seguro para todos aquellos que escojan Cambridge como lugar de residencia mientras tramitan su nacionalidad”.<br /><br /> Hay más de doscientas “ciudades santuario” y el punto en común entre ellas es que no colaboran con las autoridades federales, ni denuncian a los emigrantes indocumentados. Se calcula que hay más de 11 millones, la mayor parte residen en esas metrópolis.<br /><br /> Concretamente, las “ciudades santuario” rechazan las demandas de detención de clandestinos cursadas por las autoridades federales y se niegan a <br />mantener en prisión más tiempo del requerido oficialmente a las personas sin papeles, para facilitar su explulsión. <br /><br /> La Constitución las ampara, según el alcalde de Seattle. Según Ed Murray, “la cuarta enmienda es muy clara: todos los arrestos y detenciones tienen que responder a una causa probable, y nuestro departamento de policía municipal no puede ser forzado a cumplir las leyes federales sobre inmigración. Tal y como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial no permitiremos que nuestros policias se conviertan en subordinados del gobierno federal y reunan a los inmigrantes en esta ciudad”.<br /><br /> Los fondos federales percibidos por la ciudad de Nueva York superan los nueve mil setecientos millones de euros pero paradojicamente, la línea correspondiente a la policía es la más fácil de cortar. Las consecuencias serían nefastas, según el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, quien ha declarado que: “esta órden ejecutiva podría socavar la seguridad pública y convertir a nuestros barrios en lugares menos seguros. En primer lugar porque esta órden ejecutiva podría minar la relación entre nuestra policía departamental y las comunidades, algo que ha sido crucial para luchar contra la criminalidad. No deportaremos a neoyorkinos que respeten la ley. No separaremos a las familias”.<br /><br /> Es precisamente lo que le ha ocurrido a José. Su mujer y sus hijos están del otro lado en San Diego. A él le han enviado a Tijuana y se ha jurado a si mismo que saltara el muro para reunirse con ellos.<br />
