El Congreso de los Diputados ha aprobado admitir a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para establecer en España una renta mínima garantizada. <br /> <br />La ILP fue impulsada por los sindicatos la Unión General de Trabajadores (UGT) y las Comisiones Obreras (CC.OO.). <br /> <br />En este momento, esta ayuda ascendería a 426 euros no contributivos. La dura realidad del paro, la caída de las prestaciones, la precarización del empleo o el aumento de la desigualdad se han convertido en los catalizadores del debate sobre las fórmulas que permitan aumentar la protección social y acabar con la pobreza. <br /> <br />Es la primera vez que la Cámara baja tramitará un proyecto legislativo de estas características, que implicará un fuerte impacto presupuestario. <br /> <br />Esta es la razón por la que el Gobierno se ha opuesto frontalmente, posición a la que se ha sumado el partido de Ciudadanos. <br /> <br />A favor de esta nueva ayuda social destinada a las personas sin recursos, se han pronunciado el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Podemos, la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT ) y otras formaciones minoritarias. <br /> <br />En esta edición de "Enfoque" debatimos sobre la necesidad de la renta mínima en España. <br /> <br />Sergio Brabezo, concejal del partido Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, opina que “es un brindis al sol porque hay que saber cómo se va a pagar este tipo de rentas. Tenemos que centrarnos en generar riqueza y no nos enfocamos en eso”. <br /> <br />Por su parte, el periodista Manuel Llamas ha manifestado que “la solución es reducir el gasto público y los impuestos, pero todo radica en la generación de empleo. Yo quiero que los españoles ganen dinero y no dependan de esas rentas básicas que generan clientelismo”. <br /> <br />Eduardo Garzón, economista y miembro de Unidos Podemos, asegura que “no hay falta de recursos, lo que ocurre es que hay que redistribuir. Los Gobiernos no han hecho nada en ese sentido”. <br /> <br />Por último, Carlos Martínez Cava, ensayista y abogado, afirma que “este trámite llega tarde y mal. Si la Unión Europea (UE) cifra en más de 600 euros el umbral de la pobreza, estos 426 euros se quedan cortos”.
