Desde el 15 de julio del año pasado, Turquía ha sufrido la mayor purga política de su historia. Las víctimas de esta macrooperación represiva han sido fundamentalmente simpatizantes y seguidores del clérigo Fetullah Gülen, el enemigo íntimo de Recep Tayyip Erdogan. Acusadas de conspirar contra el Gobierno o de tener vínculos con organizaciones terroristas, más de 50.000 personas, como el entonces gobernador de Estambul, Hüseyin Avni Mutlu, han sido encarceladas. <br /><br />La purga ha alcanzado a todos los sectores del Estado: el militar, el político, el educativo… Más de 5.000 profesores han sido expulsados por decreto de colegios y universidades. Decenas de miles de funcionarios perdieron sus empleos de la noche a la mañana. <br /><br />Mientras tanto, las autoridades han impuesto una severa mordaza informativa. En el último año han cerrado 160 periódicos y estaciones de televisión, y más de 150 periodistas han sido enviados a prisión. <br /><br />La misma suerte han corrido 169 generales, 98 coroneles, 7.000 oficiales de baja graduación, 8.000 policías y 24 gobernadores provinciales. El número de personas investigadas se dispara hasta 169.000. Solo 43.000 han sido puestas en libertad.<br /><br />Tras el fallido golpe de Estado, el New York Times vaticinó lo que iba a ocurrir en Turquía: un “contra-golpe de estado” en el que un presidente más obsesionado que nunca con el control del poder iba reprimir cualquier disidencia política o militar.<br />
