Madrid, 2 nov (EFE).- La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado prisión incondicional sin fianza para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y para siete exconsellers, mientras que ha impuesto una fianza de 50.000 euros al exconseller Santi Vila para poder eludir la cárcel.<br />De este modo, la juez asume por completo la petición de la Fiscalía y envía a la cárcel por riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva a Junqueras y los ocho exconsellers que han comparecido hoy investigados por rebelión, sedición, malversación y otros delitos conexos.<br />Además de Junqueras van a prisión los exconsellers Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borràs (Gobernación), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Trabajo), Joaquim Forn (Interior) y Santi Vila (Empresa), este último, que dimitió un día antes de la declaración de independencia, hasta que deposite la fianza.<br />La juez ha apreciado alta probabilidad de riesgo fuga porque "tampoco puede olvidarse el poder adquisitivo de los querellados que les permita abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero".<br />Alude así Lamela a la huida del expresidente catalán Carles Puigdemont y de otros cuatro exconsellers a Bruselas para los que la Fiscalía ha pedido a la juez que dicte las correspondientes órdenes europeas de detención y las dirija a las autoridades belgas para que pongan a estos cinco investigados a disposición de la Justicia, solicitud que la magistrada aún no ha resuelto.<br />"En este punto basta recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido", destaca el auto.<br />Para evaluar el riesgo de fuga, la juez tiene también en cuenta la gravedad de las penas a la que se exponen los investigados en esta causa porque "a mayor gravedad de los hechos y de la pena, más intensa cabe presumir la tentación de huir".<br />En este sentido el auto recuerda que "los querellados se enfrentan a penas que pueden alcanzar los 25 años de prisión por el delito de rebelión, quince año de prisión por el delito de sedición, y ocho años" por el de malversación que además "puede ascender a diez años en caso de que se haya producido falseamiento en la contabilidad".<br />También Lamela observa en su auto un alto riesgo de reiteración delictiva, teniendo en cuenta que las "actividades delictivas descritas se han venido planificando y realizando de forma consciente por los querellados durante más de dos años" desde que comenzó en 2015 la andadura del proceso de independencia en Cataluña.<br />Dice Lamela que los investigados "vienen operando dentro de un grupo perfectamente organizado de personas, apoyados por asociaciones soberanistas con poder y capacidad para auxiliarles en su posible huida de la Justicia".<br />Todos ellos jugaron "un papel activo impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado y franqueando t
