En total son 20 los exaltos cargos catalanes imputados por presuntos delitos de rebelión, sedición, y malversación de caudales públicos.<br /><br />Se trata de los 14 miembros del Govern, cesados en aplicación del artículo 155 de la Constitución española. <br /><br />Además, los 6 miembros de la Mesa del Parlament, incluida su presidenta, que tramitaron tanto las leyes de desconexión como la declaración unilateral de independencia, pese a la prohibición del Tribunal Constitucional.<br /><br />El fiscal general del Estado que continúa en su cargo pese a la reprobación del Congreso, resumía el contenido de las querellas.<br /><br />“Ha interpuesto sendas querellas por delitos de rebelión, sedición, malversación, y otros conexos contra los principales responsables políticos de la Generalitat de Cataluña, que con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia”, explicó Maza el 30 de octubre pasado.<br /><br />El delito más grave del que tendrán que responder es el de rebelión por “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. <br /><br />Recogido en el supuesto quinto del artículo 472 del Código Penal prevé penas de hasta un máximo de 30 años de prisión, si se contempla la “violencia” de la acción. Y esta precisamente es una de las líneas de defensa, la total ausencia de violencia en el Parlament. <br /><br />Sin embargo, la Fiscalía considera “violentos” los hechos acaecidos el 1-O durante la celebración del referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional.<br />
