<p><span class="currency_converter_text">Las declaraciones de los agentes de la Policía Nacional incluidas en el sumario del 'caso Gürtel' no dejan lugar a dudas, las siglas L.B. no podrían corresponder a otra persona que a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP.Según explica uno de los jefes de la Unidad de Delitos Económicos que elaboró un informe sobre blanqueo de capitales en el tomo primero de las diligencias, las pruebas que tienen contra Bárcenas están en el pendrive que se le intervino al contable de la trama, José Luis Izquierdo, y en la documentación de la caja B en una carpeta azul con desglose concreto de cantidades que también tenía Izquierdo. Eso, sumado a las declaraciones de otros de los imputados en la trama, ha corroborado la sospecha inicial de su posible participación en la organización.Por todo ello, la Fiscalía atribuye al ex tesorero del PP el cobro de </span><span class="currency_converter_link" title="Convert this amount">1,3</span><span class="currency_converter_text"> millones de euros en sobornos.Pero en el sumario, que las partes han conocido hoy tras el levantamiento del secreto, también se señala directamente al Gobierno de Esperanza Aguirre, que podría haber vulnerado las normas de contratación pública a favor de las empresas de Francisco Correa.Uno de los imputados, el ex viceconsejero de Aguirre, Carlos Clemente Aguado, afirmó en su declaración que el Gobierno regional y todas las Consejerías disponían de un listado de empresas que eran las únicas con las que organizaban sus eventos, y que entre esas empresas estaban todas las de Francisco Correa. Además, Aguado aseguró ante el juez que quien decidió que debían contratar a esas empresas fue presidencia de la Comunidad de Madrid.</span></p>
