<p>Diez años después, la tragedia del Yak-42 no está, ni mucho menos, resuelta. Tres aspectos de la mayor catástrofe área militar ocurrida en tiempos de paz siguen causando dolor en las familias de los 62 soldados fallecidos. El primero: El vuelo. Una década y siguen sin depurarse las responsabilidades por permitir que los militares regresaran a casa en un avión anticuado y peligroso. Nadie ha respondido tampoco por el hecho de que su contratación pasara por media docena de empresas de cinco países distintos, ni porque la compañía operadora sólo recibiera un tercio del total pagado por defensa. Por no haber, no hubo ni seguro. El Constitucional, por cierto, rechazó en febrero el recurso de las familias contra el archivo de la causa por estas irregularidades. La forma de resolver la falsa identificación de 30 de los cadáveres con "conocimiento y voluntad de faltar a la verdad", según la sentencia, también duele. De los tres militares condenados por la Audiencia Nacional, un general nunca llegó a entrar en prisión al fallecer en 2010 y dos comandantes fueron indultados al poco de llegar Rajoy a la Moncloa. Las compañías responsables del vuelo, condenadas por el Supremo a indemnizar solidariamente a las familias con 6,1 millónes de euros no han pagado ni un céntimo ni se espera que lo hagan. Una está en Alemania y la otra, de Ucrania, es, por lo visto, insolvente. Que el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, fuera premiado con el puesto embajador de Londres sin ser diplomático también indigna a las familias. Familias que no paran de pelear. Ahora piensan llevar el caso al Tribunal de Estrasburgo. El precio, esclavizar sus vidas durante estos 10 años al dolor y la rabia por un suceso que pudo haberse evitado.</p>
