<p>A pesar de la recomendación de Bruselas, la Junta de Andalucía ha puesto ya en marcha su decreto de expropiación. La consejería de Empleo está mediando para que el banco, propietario de unas viviendas de protección oficial, legalice la situación de varias familias que ocuparon el edificio hace un año. En Corrala Utopía se vive sin agua y sin luz desde hace un año. Son 36 familias que luchan por un objetivo común: conservar los pisos que ocuparon.Piden un alquiler social adecuado para la renta mínima que ingresan. Una opción que Ibercaja, la propietaria del edificio, no contempla. Quiere terminar sus viviendas&nbsp; para ponerlas en venta y ha denunciado a los vecinos por ocupación ilegal.La Junta de Andalucía presiona al banco para que les facilite un alquiler social y le advierte de que se expone a una multa de 324.000 euros, 9000 por cada piso en el caso de que estén desocupadas más de seis meses.</p>
