La presunta trama se inicia en 2001, cuando la Junta de Andalucía, presidida por Manuel Chaves inicia un procedimiento para respaldar a todas las empresas que presentan Expedientes de Regulación de Empleo y a sus trabajadores afectados. Para ello, establecen un fondo dotado, que 10 años después llegó a suponer más de 700 millones de euros. <br />La Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento andaluces firmaron un convenio y las ayudas se repartieron sin los controles necesarios. La causa ahora busca determinar la responsabilidad del Gobierno Andaluz, que fue advertido por los interventores desde 2005 en varios informes de que la Consejería no estaba utilizando el procedimiento legal y aún así, se concedieron 73 millones de euros a empresas de forma injustificada.<br />El auto de procesamiento considera que no existe un criterio objetivo para otorgar las ayudas, que también percibieron personas ajenas a los ERE (al menos 12 millones de euros). El caso de los ERE se ha cobrado un alto precio político: dos expresidentes históticos han abandonado la política y han terminado en el banquillo de los acusados.
