El PSOE y Unidas Podemos han aprovechado su proposición de ley de supresión del delito de sedición para presentar dos enmiendas destinadas a forzar el desbloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional y concretamente los dos puestos que competen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): por un lado, se rebajarán las mayorías en el Consejo para nombrar magistrados y, por otro, se imputarán responsabilidades penales a los vocales que impidan los nombramientos. (Fuente: Congreso/ Europa Press)