<p>Hacía mucho sol a media mañana en la Plaza de Castilla de Madrid. De los juzgados entraba y salía gente a paso ligero. Pero esta mañana de martes había entre 30 o 40 personas aguardando a alguien. Y ese alguien se llama Carlos Mur, el que fue director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, o para que nos entendamos, el que firmó los protocolos puestos en marcha en la primera ola del coronavirus que impedían trasladar al hospital a los residentes más vulnerables. Comparecían también dos geriatras de la Fundación Jiménez Díaz y del Hospital Ramón y Cajal.</p><p><br></p><p>Las personas que esperaban a Mur, que entró por una puerta lateral a declarar ante el juez, son familiares, otros simplemente estaban porque quieren verdad, justicia, reparación. Sujetaban pancartas y se van turnando. Hay más cansancio que dolor en sus rostros y en sus cuerpos. Miran con recelo a la prensa, a la que intuyen cada vez menos interesada en este caso.</p><p>Porque son apenas unos pocos los profesionales que siguen detrás del tema. Willy, Andrea, Fernando, Manuel y Javier. Me fijé en la sonrisa de otro Javier, que pertenece a la plataforma Verdad y Justicia. Anima a los compañeros de Marea de Residencias, de Pladigmare. “No puedo más, llevo tres años y medio luchando por esto. Estoy bloqueada”, dice una de las asistentes, que luce una camiseta con el lema “Ley de residencias ya”.</p><p>Mientras todo esto ocurría, Isabel Díaz Ayuso luce un original vestido rojo en una gala en Nueva York. Eso sí que lo veremos en los medios.</p><p>En una esquina de la concentración estaba Pilar. Con un folio colgado al cuello en el que ha pintado una cifra con rotulador: 7.291. Son los ancianos fallecidos en residencias durante esa primera ola de la pandemia. “Tendríamos que colgar carteles por Madrid con ese número, sin decir nada más. Y hacer que la gente pregunte, que se le recuerde lo que significa”, comenta.</p><p>Y conocí a otra Pilar. Perdió a su padre con 99 años. Le queda
