El Gobierno de Javier Milei impulsa leyes para regularizar -sin pena- la tenencia de armas no registradas y permitir que los militares regresen a tareas de seguridad interior, además de bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Los detractores consideran que son medidas demagógicas que podrían generar más violencia en el país con la menor tasa de homicidios de la región.
