El Senado australiano ha aprobado una ley pionera que prohíbe el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, en un intento de proteger a los jóvenes de los daños en línea.<br /><br />La ley, que impone multas de hasta 50 millones de dólares australianos a las empresas tecnológicas que la incumplan, representa la mayor restricción de edad del mundo y entrará en vigor dentro de 12 meses.<br /><br />El Primer Ministro, Anthony Albanese, describió la medida como una defensa de la infancia, haciéndose eco de las preocupaciones de grupos de padres sobre los efectos perjudiciales de las redes sociales.<br /><br />«Queremos que los padres estén tranquilos», declaró Albanese.<br /><br />A diferencia de otros esfuerzos mundiales, la prohibición australiana no prevé excepciones para el consentimiento paterno o los usuarios existentes.<br /><br />Las plataformas que requieren cuentas, como TikTok e Instagram, estarán en el punto de mira, pero las aplicaciones de mensajería y sitios como YouTube están exentos.<br /><br />La aplicación de la ley se basará en tecnologías de verificación de la edad, aunque se han cuestionado su eficacia y sus implicaciones para la privacidad.<br /><br />Los detractores, entre ellos defensores de los jóvenes y empresas tecnológicas, sostienen que la prohibición es demasiado amplia y puede empujar a los niños a espacios en línea menos regulados.<br /><br />Meta calificó el proyecto de «ineficaz», mientras que TikTok criticó la vaguedad de sus definiciones. Otros destacaron la facilidad para eludir las restricciones mediante VPN.<br /><br />Partidarios como Amy Friedlander afirman que la ley liberará a los padres de la «elección imposible» entre denegar el acceso o arriesgarse a la adicción.<br /><br />Sin embargo, los grupos juveniles expresaron su frustración por haber sido excluidos de las consultas y subrayaron la importancia de sus voces para dar forma a las soluciones.<br /><br />A pesar del interés mundial por esta política, siguen sin resolverse los problemas de privacidad, aplicación y compatibilidad con la legislación internacional.<br /><br />No obstante, sostiene Albanese, «no podemos ignorar nuestra responsabilidad».
