El reparto entre comunidades autónomas de niños y niñas migrantes no acompañados ha generado una nueva lucha política. La Comunidad de Madrid ha llevado el caso al tribunal constitucional y se niega a compartir datos con el gobierno central. Mientras tanto, los discursos racistas siguen creciendo y las organizaciones sociales piden respeto a los derechos humanos, teleSUR
