Sectores sociales panameños denuncian judicialización de protestas, criminalización de sindicalistas y uso excesivo de la fuerza contra manifestantes que rechazan la reforma pensional. El presidente Mulino amenazó con debilitar al SUNTRACS, sindicato líder de la huelga de 3 semanas contra la Ley 462. Organizaciones acusan al Ministerio Público de actuar como brazo represor del Ejecutivo. teleSUR <br />
