El horroroso caso de Fernando Dellarciprete -quien asesinó a su familia antes de suicidarse- pone nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la capacidad de la justicia para evaluar trastornos mentales en crímenes graves. Mientras algunos expertos señalan que la ley actual no protege adecuadamente a las víctimas ni previene estos hechos, otros argumentan que el sistema de salud mental falla en la detección temprana. ¿Estamos ante un vacío legal que permite que estos crímenes ocurran? El trágico suceso ocurrido días después del caso de Villa Crespo muestra un alarmante patrón: ¿La ley necesita reformas urgentes o el problema es la falta de aplicación de políticas de salud mental efectivas?
