El gobierno de José Raúl Mulino implementó un estado de urgencia por 10 días en la provincia de Bocas del Toro, dejando un saldo de violencia policial, represión desmedida y graves violaciones a los derechos humanos. Las protestas contra la Ley 462 fueron respondidas con brutalidad, resultando en al menos dos personas fallecidas, más de 300 detenidos, denuncias de perfilamiento racial, abusos policiales y desapariciones.teleSUR<br />
