Tres meses después de concluida una auditoría crucial, la Contraloría General de la República, encabezada por Anel Flores, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra el contrato original de concesión otorgado a Panamá Ports Company (PPC), así como una segunda acción legal contra su polémica extensión por 25 años, aprobada en 2022.
