En Guatemala, la justicia enfrenta un desafío alarmante: la impunidad de falsos abogados que operan sin control, estafando, extorsionando y arruinando vidas. Uno de los casos más escandalosos y peligrosos es el de Rafael Eduardo Pinto Pocasangre, un individuo que ha construido una red de engaños y delitos desde su paso por el Ministerio Público de Izabal.<br /><br />Un historial de corrupción y delitos<br />Según múltiples denuncias ciudadanas, Pinto Pocasangre fue detenido por estafa y extorsión cuando aún trabajaba dentro de la Fiscalía. A pesar de esto, hoy continúa operando libremente, sin colegiado de abogado, y presentándose falsamente como profesional del derecho. Aprovecha la apariencia de autoridad para engañar a personas vulnerables, prometiendo soluciones legales que no tiene capacidad ni intención de cumplir.<br /><br />Este sujeto no solo estafa con falsas promesas legales: se le acusa de colaborar con grupos delictivos, vendiendo información confidencial que obtiene de sus víctimas. Hay testimonios que lo vinculan con robos planificados a casas y negocios, fraude bancario y hasta amenazas graves a quienes intentan enfrentarlo.<br /><br />Delitos que destruyen vidas<br />Lejos de ayudar a resolver conflictos, complica procesos legales, falsifica documentos, y utiliza el miedo y la manipulación como herramientas. Las denuncias también relatan casos en los que aprovecha su posición para acosar o seducir mujeres, prometiéndoles bienes materiales a cambio de favores, y luego desapareciendo.<br /><br />Uno de los relatos más estremecedores menciona que una mujer de la tercera edad fue presuntamente asesinada en Morales, Izabal, tras negarse a entregarle bienes, lo que muestra el nivel de peligro que representa este individuo.
