El gobierno ecuatoriano busca someter a fiscalización popular a los magistrados de la Corte Constitucional mediante una consulta, generando un intenso debate. Mientras el Ejecutivo argumenta que es una medida para fortalecer la transparencia, analistas y juristas advierten que la iniciativa es improcedente, ya que limitaría la independencia judicial y abriría la puerta a la persecución de magistrados que no avalen proyectos oficialistas. teleSUR<br />
