En medio de la controversia generada por una demanda de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Tribunal de Cuentas defendió la legalidad y la necesidad de que la Contraloría General de la República pueda aplicar medidas cautelares sobre bienes y cuentas vinculados a casos de corrupción, como un mecanismo esencial para asegurar la recuperación del patrimonio público.
