El veto a la Ley de preferencia de productos nacionales, que de 20% se pretendía subir a 40, molestó rotundamente al sector empresarial, que aseguró que existe una competencia desleal para los mismo. También refirieron que el oligopolio y la corrupción se da por los políticos de turno y no por una ley que fomentará la creación de puestos laborales y la calidad de los productos nacionales.
