El Poder Ejecutivo promulgó la normativa que cancela la licencia y el itinerario a empresas del transporte público que regulan sus frecuencias, perjudicando directamente a los usuarios que padecen largas horas de espera en las calles del área metropolitana. Con esta nueva normativa, los infractores se exponen a multas, a la cancelación del pago del subsidio y hasta a penas carcelarias.
