La Contraloría General de la República reglamentó la ley 7089 de conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública, más conocida como la ley contra “puertas giratorias”. La finalidad de la ley es evitar que los funcionarios públicos que ocuparon alto cargos en el Estado aprovechen el conocimiento que tuvieron en sus puestos para trasladarlo como un activo dentro de su currículum para ser contratado en una empresa del rubro que estuvo regulando desde el Estado.
