Una mujer de 32 años, funcionaria permanente del Congreso, pero actualmente comisionada a una oficina de la Municipalidad de R.I. 3 Corrales, Caaguazú, es sospechosa de la millonaria apropiación de la indemnización que pagó la ANDE por la muerte de dos hombres. Casualmente, la misma adquirió recientemente una lujosa camioneta.
