El Gobierno de Javier Milei fogonea la persecución penal de militantes de los años ‘70 para ponerlos en pie de igualdad con los militares que llevaron a la práctica un plan de exterminio, como quedó acreditado en más de 350 sentencias judiciales. Uno de los expedientes que despertó el interés de los operadores del oficialismo es el que se centra en la bomba que explotó el 2 de julio de 1976 en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF). Sin embargo, el tiro terminó saliendo por la culata en la audiencia que se celebró el jueves en la Cámara Federal de Casación Penal, cuando la abogada Myriam Bregman recordó que Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y actual espada del Presidente en el Senado, es una de las personas que aparecen señaladas en el expediente.
