La tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz (Córdoba), que ha provocado el cierre indefinido de la circulación de alta velocidad hacia el sur de España, ha generado un terremoto en el sector del transporte. Ante la imposibilidad de viajar en tren, miles de pasajeros se han visto obligados a buscar alternativas en el aire o por carretera, lo que ha provocado una respuesta dispar entre las aerolíneas y una fuerte reacción de las asociaciones de consumidores frente a la escalada de precios.<br />Ante la crisis de movilidad, las principales aerolíneas del país han reaccionado para absorber la demanda de los trayectos afectados. Según las fuentes, "Tras el cierre de la circulación de alta velocidad a Andalucía, Iberia y Air Europa han aumentado las líneas entre Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga con un límite de precios para evitar subidas por la alta demanda".<br />En concreto, Iberia ha decidido ajustar sus tarifas ante la previsión de que los trabajos de reparación en las vías de Adamuz se prolonguen en el tiempo. La compañía ha anunciado que "el precio máximo queda en 99 euros por trayecto en clase turista 'dado que los problemas en el transporte ferroviario se van a prolongar', lo que 'supone una rebaja respecto al tope de 150 euros establecido este lunes y que el tope de precios operará, como mínimo, hasta el lunes 2 de febrero'". Por su parte, Air Europa mantiene una política algo más flexible: aunque fija un límite general de "150 euros", se ha detectado que el coste "ha aumentado hasta cerca de 300 euros en los últimos asientos disponibles".<br />No todo ha sido contención. La interrupción de las comunicaciones ferroviarias ha disparado el descontento en las redes sociales, donde numerosos usuarios han denunciado incrementos desproporcionados no solo en vuelos, sino también en el alquiler de vehículos. Ante esta situación, "Facua-Consumidores en Acción recordó que está prohibido aplicar subidas 'abusivas' de precios en sus servicios cuando se producen situaciones de catástrofes como el accidente de tren en Adamuz".<br />La organización de consumidores ha ido más allá y ha solicitado una reforma legislativa urgente. En este sentido, "ha pedido al Ministerio de Consumo que impulse la mejora de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para garantizar que estén prohibidas las subidas de precios aprovechando tragedias".<br />Desde el Palacio de la Moncloa, la respuesta oficial ha sido una llamada a la ética corporativa. Tras la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, se mostró contundente respecto al encarecimiento de los billetes y los coches de alquiler. Según las fuentes, el Gobierno ha solicitado "responsabilidad" a las empresas, recordando que "Son momentos duros en los que desde luego pedimos responsabilidad al conjunto de la sociedad para acompañar a las víctimas". Saiz insistió en que esta solidaridad debe manifestarse especialmente en sectores críticos ante la "interrupción parcial de las comunicaciones ferroviarias por el accidente".
