La estabilidad de la legislatura de Pedro Sánchez vuelve a tambalearse por el flanco izquierdo. En un movimiento estratégico que supone un jarro de agua fría para las aspiraciones del Gobierno, Podemos ha condicionado cualquier apoyo a la delegación de competencias de inmigración a Cataluña —exigencia clave de Junts— a la ejecución previa de una regularización masiva de personas migrantes. Esta decisión no solo bloquea el diálogo con los de Carles Puigdemont, sino que amenaza con dinamitar los puentes necesarios para la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado.<br />La secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, ha sido tajante al marcar las líneas rojas de su partido en el Congreso de los Diputados. Según la líder de Podemos, el Gobierno debe demostrar con hechos, y no con promesas, su compromiso con los derechos humanos antes de entrar en debates competenciales. "Primero papeles, que esa regularización esté implementada y después Podemos no tiene ningún problema con las delegaciones de competencias a las comunidades autónomas", ha sentenciado Belarra para dejar claro que su formación solo negociará cuando se verifique que la regularización de más de 500.000 personas es efectiva.<br />La formación argumenta que ya no aceptan compromisos que puedan quedar en el olvido, puesto que el Ejecutivo "ha demostrado en numerosas ocasiones que promete y no cumple". Por ello, exigen ver la medida "implementada" antes de dar cualquier paso en la cesión de poderes a la Generalitat.<br />Este cambio de postura de Podemos supone un problema de cronometraje letal para el Palacio de la Moncloa. Si se tiene en cuenta que el plan de regularización del Ejecutivo estima que las solicitudes se empezarán a presentar a "principios de abril", la negociación de las competencias de inmigración se retrasaría, en el mejor de los casos, hasta los meses de mayo, junio o incluso julio.<br />Este retraso impide al Ejecutivo recomponer los vínculos con Junts, que reclama la delegación de competencias de forma inmediata. Sin este acuerdo, la presentación y votación de las cuentas públicas se adentra en un escenario de incertidumbre total, ya que el proceso de regularización estará abierto, teóricamente, hasta "el 30 de junio de 2026".<br />Más allá de los plazos, Podemos ha expresado su rechazo frontal al contenido ideológico del acuerdo alcanzado entre socialistas y posconvergentes. Belarra ha denunciado la presencia de tintes racistas "no solo en el preámbulo" de la ley acordada, sino también en su articulado, el cual pretende modificar.<br />La líder morada ha cargado con dureza contra la política de extranjería del Estado, tildándola de "abiertamente racista" por mantener herramientas como los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o las redadas por perfil étnico. Según su visión, el enfoque actual se basa en una securitización que se traduce en "represión contra las personas migrantes", algo que su partido no está dispuesto a avalar con su voto.<br />Finalmente, Belarra ha advertido que, aunque esperan "una reacción muy fuerte por parte de la derecha" ante este avance en derechos, su formación los defenderá "con uñas y dientes" en el Parlamento. Con este escenario, el Gobierno se ve obligado a elegir entre acelerar la regularización de inmigrantes o arriesgarse a una prórroga presupuestaria por falta de apoyos en su bloque de investidura.
