La decisión abarca a todas las personas que percibían este ingreso. Además, el fallo advierte que, en caso de incumplimiento, podrían aplicarse sanciones económicas (astreintes) al Estado hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión judicial. El caso se da en un contexto de fuerte tensión social, con reclamos por la situación económica y el impacto de la suspensión de ingresos en sectores vulnerables.
