El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado un expediente sancionador contra una importante empresa del sector inmobiliario, de la cual no se ha facilitado el nombre, por la gestión de miles de viviendas en diversas ciudades del país. La investigación, impulsada por el departamento de Pablo Bustinduy, ha identificado cuatro potenciales infracciones que vulneran los derechos de los arrendatarios al imponer condiciones injustas en los contratos de alquiler.
